El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictó la Resolución PGN 33/23 por la que recomendó a todos/as las/los representantes del Ministerio Público Fiscal el uso de la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos en todas aquellas investigaciones penales que involucren el uso de activos virtuales.
Este documento fue elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El objetivo de la guía es brindar a empleados/as, funcionarios/as y magistrados/as del organismo mayores recursos y herramientas para la persecución penal. Para eso, ofrece un abordaje sobre los aspectos teóricos y prácticos vinculados con los activos virtuales más relevantes en relación con la investigación penal. Describe las implicancias, dificultades y desafíos que su entorno y la tecnología que les da sustento presentan y, al mismo tiempo, proporciona propuestas y buenas prácticas para llevar adelante investigaciones sobre ese tipo de activos, así como su rastreo, trazabilidad, incautación y recupero final. En particular, la guía presenta nociones técnicas básicas sobre los criptoactivos, sus diversas clasificaciones y denominaciones, los mecanismos para crear nuevos activos y una descripción de sus características tecnológicas, como también un detalle de los elementos, modalidades y mecanismos para su almacenamiento, la transferencia y conversión.
En la Resolución PGN 33/23, el procurador Casal destaca que, desde la implementación del Bitcoin en 2009, “a nivel mundial se ha desarrollado un vasto y complejo entorno de activos virtuales, en permanente crecimiento y fluctuación”, ya sea por el surgimiento de miles de nuevas monedas virtuales, como en los cientos de millones de usuarios alrededor del mundo y los enormes volúmenes de transacciones registradas y de fondos canalizados a través de estas tecnologías.
Con preocupación, el procurador también advierte que “esa importante evolución, ha significado un acelerado aumento de las actividades delictivas relacionadas con los criptoactivos” y señala que “en los últimos años, las operaciones de esos instrumentos con propósitos criminales y para el ocultamiento de las ganancias ilegales se han incrementado notablemente, tanto en la escala como en la complejidad de las operaciones”.
Indica que “esta nueva realidad urge mejorar la comprensión y el abordaje sobre los criptoactivos en la investigación penal” y agrega que por ello deviene fundamental que el MPF cuente con recursos y herramientas propias, como esta guía elaborada por las diversas dependencias de la PGN para cumplir con esos propósitos.
Explica que la importancia de esta guía radica en que el amplio uso de los criptoactivos en actividades delictivas “trasciende la esfera de la ciberdelincuencia y se proyecta sobre todas las manifestaciones criminales, especialmente las de tipo económico”, como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la narcocriminalidad, la trata o explotación de personas, el tráfico de migrantes, los secuestros extorsivos, el fraude, la corrupción o la evasión fiscal, entre otros.
El procurador refiere que esta cuestión excede el ámbito interno y que la preocupación sobre el creciente uso delictivo de los criptoactivos viene expresándose a nivel internacional a través de diversos organismos de prevención y control de la delincuencia transnacional, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y destaca al respecto resoluciones, documentos y pronunciamientos de esos organismos.
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Fuente: Fiscales.gob.ar
