Puestos online por el interesado o por terceros, una vez en la Web, textos, videos o fotos pueden llegar a cualquier persona en el mundo y reproducirse casi sin límites. Es que cuando se hace clic sobre el botón “enviar” –en una red social, un foro, un blog– se pierde todo control sobre los datos, y luego hacerlos desaparecer será muy difícil, sino imposible. Por eso, tarde o temprano, antes o después de toda consideración teórica o filosófica sobre el asunto, los entendidos en el tema machacan con el consejo: no hay que subir información personal a Internet sin haberlo pensado muy bien.
Que desaparecer de Internet es tarea difícil y que pocos saben cómo hacerlo se nota en el buen número de empresas que desde diferentes lugares del mundo están dedicadas especialmente a borrar de la Web datos de sus clientes (algunas con nombres tan explícitos como salirdeinternet.com ).
Es considerable también la cantidad de consultas que reciben los estudios de abogados especializados de usuarios abrumados por información online que los perjudica. Y existen iniciativas como la de un grupo de programadores de la Universidad del Sarre, en Alemania, que trabajan en un software para que los contenidos subidos a Internet tengan una “fecha de vencimiento”.
Pero la Web no sólo tiene una formidable capacidad para reproducir y expandir información, también puede conservarla por mucho tiempo, causando problemas y dando lugar a la aparición de nuevos derechos, impensables antes de Internet.
Un brillante y muy serio profesional de hoy puede haber sido diez años atrás un adolescente que en una noche de copas aceptó el reto de sus amigos y se desnudó en la calle. ¿Tiene derecho ese profesional a reclamar que, una década después, desaparezcan de Internet la sentencia contravencional en la que terminó aquella noche y las fotos que sus compañeros subieron a redes sociales? Al parecer sí lo tiene. El “derecho al olvido” en Internet comienza a ser demandado por algunos usuarios. Este derecho, que otorgaría a los ciudadanos la potestad de reclamar la desaparición de la Web de datos antiguos cuya difusión ya no sea relevante para la comunidad, está incluido en una serie de nuevas normas que prepara la Unión Europea para este año.
Según un documento de la Comisión Europea de noviembre pasado, “Los ciudadanos (…) deberían tener el «derecho a ser olvidados» cuando sus datos dejen de ser necesarios o cuando deseen que se borren.” Miguel Sumer Elías, abogado especialista en derecho informático y nuevas tecnologías, no tiene ninguna duda acerca de la pertinencia del derecho al olvido en Internet. El bien a proteger en este caso es la reputación, explica Elías, y agrega que todos tenemos derecho a velar por ella, lo que implica poder elegir qué queremos mostrar de nosotros y qué no. Para él, el derecho al olvido debe ser bien regulado porque, entre otras cosas, un error de la juventud nos puede condenar de por vida.
En el mismo sentido, Daniel Monastersky, letrado a cargo del sitio Identidadrobada.com, señala que ahora el currículum de cualquier persona es lo que hay en Internet sobre ella. Y cree necesario que pueda ejercerse un derecho al olvido. Sin embargo, estima que en algunos casos su efectivo ejercicio sería muy difícil. “En algunas situaciones el derecho al olvido es de cumplimiento utópico, porque una foto, por ejemplo, podría replicarse en Internet en cientos de sitios diferentes; y si es así, es posible que no se la pueda bajar nunca más”, dice Monastersky.
A su vez, Gustavo Tanús, abogado que lleva adelante varias causas contra buscadores y sitios de Internet, más que un derecho al olvido considera esencial que se cumplan principios ya establecidos en la ley argentina de protección de datos personales, que plantea límites al uso que se puede dar a los datos personales, y determina que esa información debe ser cierta, adecuada, pertinente y actualizada.
El debate sobre el derecho al olvido en Internet recién está comenzando. Y una de sus aristas más interesantes seguramente será la de su colisión con la libertad de expresión. Si ambos derechos coexistirán, está por verse cómo se limitarán entre sí.
VIRGINIDAD DIGITAL
Por Diana Baccaro
El debate recién empieza y ya despierta gran expectativa en todo el mundo. ¿Queremos convertir la Red en un “gran álbum de familia” donde cada uno pueda borrar todo aquello que lo perjudique? ¿Eliminar las “malas noticias” no es una forma de censura? Lograr la “virginidad” digital parece una misión difícil, pero algunos lo consiguen a fuerza de tiempo y dinero. Uno de ellos fue un empresario italiano que recurrió a una empresa especializada en “e-reputation” y logró que al escribir su nombre en la Web aparezcan textos sobre su fábrica de biocombustibles en lugar de documentos que recordaban su pasado como traficante de armas. El “derecho al olvido” no figura en ninguna Constitución, pero es una demanda que crece y abre preguntas que aún no tienen respuestas: ¿La información se puede borrar? ¿Cuál? ¿Quién lo decide? ¿Por qué?.
GOOGLE SE OPONE A ELIMINAR INFORMACIÓN DE INTERNET
En España, el “derecho al olvido” en Internet ya llegó a la Justicia. En ese marco se debate en estos días si los ciudadanos tienen la potestad de reclamar que, transcurrido cierto tiempo, información personal sobre ellos e irrelevante para la comunidad desaparezca de la Web. Es en un caso que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra Google.
Decenas de ciudadanos españoles han presentado reclamos ante la AEPD –que vela por el cumplimiento de las leyes de protección de datos– solicitando la desaparición de información por la que se sienten perjudicados. La AEPD dio lugar a esos pedidos y ordenó a Google que bloqueara los datos. Google se negó y ahora el reclamo de cinco ciudadanos está en la Justicia.
Los casos se refieren a datos procedentes de boletines oficiales y de una nota publicada por el diario El País en 1991.
La AEPD y los abogados de los demandantes defienden el derecho a la privacidad, al honor, la intimidad y la imagen de los ciudadanos afectados.
Google, como lo hace siempre que recibe reclamos de este tipo, y como lo hizo ante la consulta de Clarín sobre el “derecho al olvido”, argumenta que los responsables de los contenidos de Internet son los sitios que producen o ponen online esos contenidos, y no los buscadores.
Desde la empresa también sostienen que en este juicio está en juego la libertad de expresión.
Según señalan medios españoles, Luis Javier Aparicio, abogado del buscador en la causa, afirmó que retirar de Google la información de carácter personal implicaría aplicar censura. El bloqueo de ese tipo de información harían de la Web un espacio sesgado y no transparente, dicen en Google.
La AEPD rechaza cualquier tipo de censura, pero cree que los boletines oficiales, por ejemplo, publican información personal en exceso, desproporcionada para la finalidad que se busca.
LA GUERRA ENTRE BUSCADORES Y FAMOSOS LLEGO A LA CORTE SUPREMA
La lista de famosos argentinos que le iniciaron juicio a buscadores de Internet es larguísima e incluye nombres como Valeria Mazza, Susana Giménez, Diego Maradona y Nicole Neumann. En esas causas, que en general van contra Google y Yahoo!, se reclama por daños que le estarían provocando a las celebridades información falsa o una explotación ilegítima de su imagen.
El año pasado, sólo un estudio de abogados atendía unos 180 de estos casos. Y a varios famosos les estaba yendo bien en los estrados. Pero en agosto se conoció la primera sentencia de segunda instancia en este tipo de juicios, y la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se expidió a favor de los buscadores: por dos votos a uno, los jueces entendieron que no se puede responsabilizar a los buscadores por los contenidos puestos en Internet por terceros. Fue en el juicio iniciado por la ex Bandana Virginia Da Cunha, que había conseguido en primera instancia que se condenara a los buscadores a pagarle $ 100.000.
En los fundamentos de las juezas que votaron en mayoría se señala que los buscadores sólo podrán ser responsables por los daños y perjuicios provocados por sitios de terceros en la medida en que sean negligentes en bloquear resultados manifiestamente ilegales que hayan llegado a su conocimiento por los medios pertinentes. El caso ahora está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Informática Legal y Clarin
